Conclusiones del 19 y 20 de abril : COMISION FISCALES

Conclusiones de la comisión de fiscales.

Independencia judicial y rol del Poder judicial frente a la crisis.

-Tanto la Independencia de la Magistratura, cuanto el rol del Poder Judicial frente a la crisis, son temas centrales sobre los cuales es preciso generar un profundo debate para luego asumir posiciones firmes.
La crisis se agudiza y paralelamente se profundiza el descreimiento en las instituciones. En ese marco es necesario reflexionar acerca de cuánto nos toca de responsabilidad en el desmoronamiento institucional, qué rol tenemos en la reconstrucción, qué modelo institucional queremos, cuáles son los problemas que deben enfrentar los sistemas judiciales y cuáles las estrategias para superarlos.

-En nuestros países está pendiente aún la consolidación de la democracia, y para que ello sea posible las instituciones deben ser capaces de dar respuestas a las necesidades de las grandes mayorías. Hoy más que nunca es necesario hacer efectiva la vigencia de los derechos fundamentales.

-Ausencia de proyectos colectivos, Sensación de desesperanza, descreimiento generalizado en las instituciones son los síntomas más notables de la crisis.
La exclusión y la desigualdad que sufren bastos sectores de la población, la injusticia, la corrupción, el abuso de poder y la impunidad son la enfermedad. Una enfermedad que amenaza socabar los cimientos de la democracia por la brutal evidencia que ésta no ha podido solucionar los problemas del grueso de la población, y que aquello de que la democracia es el gobierno de las mayorías termina siendo una ficción que se resuelve en el mantenimiento de los privilegios de las minorías cercanas al poder cuando sólo formalmente se vive en democracia.

-El ciudadano común que descree de la ley y de la Justicia, en última instancia del Estado de Derecho, tiene razones muy fuertes para ello, pues sólo con ver a nuestro alrededor advertimos que los derechos más elementales no se cumplen.

-En momentos de crisis (y nuestro país se caracteriza por vivir en una crisis permanente) parece instalarse un sistema jurídico de emergencia, una suerte de "derecho de la crisis" que se mantiene en el tiempo; se vive, entonces, en un "Estado de excepción" que al parecer justifica que se violen o no se respeten los derechos fundamentales.
La emergencia suele dar lugar al abuso de Poder. Con el argumento de las urgencias, tienden a aumentarse los poderes del órgano ejecutivo y a bajarse los niveles de control. De esa forma ocurre lo inexorable: se bajan los standares de respeto por los derechos fundamentales.
No se puede vivir en la emergencia permanente; si hacerlo se vuelve costumbre, significa que se está viviendo en otro Estado, ya no en el Estado constitucional. Ese "Estado de excepción" será, pues, un remedo de institucionalidad, una cáscara vacía, pero de ningún modo un Estado democrático de derecho.

-Debilidad de la ley (en cuanto fuerza que se traduce en su vigencia efectiva) y debilidad de la Magistratura son realidades que se implican mutuamente, y no es fácil saber qué es primero. Tal vez alguna explicación pueda encontrarse en la Matriz institucional en la que se forjó históricamente la Magistratura: sin dudas el sistema inquisitivo dejó profundas huellas en el Poder Judicial. En tanto fue tributario del régimen monárquico, necesariamente favoreció la concentración de Poder (en la figura del monarca); en ese esquema es natural que el poder judicial apareciera subvaluado, como un poder delegado y nunca escindido del poder real.
Es muy difícil ver en el poder judicial un poder independiente, más bien se lo piensa como un apéndice del poder político que no puede sino actuar en sintonía con éste.
Esto se acentúa en nuestro país con las sucesivas dictaduras militares, en tanto los jueces que le daban cierta legitimidad a los regímenes de facto eran sostenidos, pero pagando a cambio en moneda de sumisión.

-Al decir de Carlos Nino: parece ser el nuestro un país que se empecina en vivir al margen de la ley. Pese a la profusa legislación, no podría decirse que los argentinos nos caractericemos por lo que llamaríamos "cultura de la legalidad". Cumplir la ley no entusiasma; y no genera adhesión precisamente porque se tiene la sensación que de nada sirve, que aún cuando el ciudadano común cumpla la ley, el Poder desconocerá sus derechos.
De esa forma hay una suerte de cultura de la ilegalidad que se refleja tanto en las situaciones más pueriles de la vida diaria como en los episodios más trascendentes del devenir institucional.
Esto hace que las razones y fines de la República se vean permanentemente socavados. Desde las rupturas más violentas del Estado de Derecho, hasta los más "sutiles" avances de un Poder del Estado sobre el otro, no son sino directos ataques al orden republicano.

-Se vive en un Estado de legalidad aparente. Desde la perspectiva del Poder, la ley suele emplearse para sostener una ilegalidad a partir de darle un ropaje "jurídico". Frente a situaciones de hecho arbitrarias, rápidamente se echa mano de alguna norma jurídica que "legalice" la arbitrariedad. Una ley, un decreto o, simplemente, una sentencia judicial, son utilizadas para instalar la ilegitimidad.

-Hay una suerte de relativismo valorativo que se traduce en las decisiones que a diario toman los poderes públicos. Cotidianamente se desconoce la Constitución so color de la defensa de supuestos intereses de la colectividad.
Entonces, el derecho es utilizado para legitimar situaciones de absoluta arbitrariedad, cuando en realidad el derecho debiera utilizarse para interpelar esa realidad arbitraria.
Así, se condena a la miseria a miles de jubilados y empleados públicos, pero se lo hace al amparo de una ley. No obstante que todos reconocen su ilegitimidad e inconstitucionalidad, se la vota, se la aplica y si alguien se queja se recurre a una sentencia de la Corte Suprema. Se generan miles de desocupados impunemente al amparo de las leyes de "flexibilización". Se prohija el abuso y la impunidad, pero al amparo de alguna ley o de una sentencia Judicial, casi siempre de la Corte Suprema. Se incautan los dineros de la ciudadanía, pero al amparo de un decreto del Poder Ejecutivo.

-Hoy día suele pensarse el derecho como un indicador moral, como un consejo que se da a gobernantes y ciudadanos, como las reglas que rigen el trabajo de los abogados, como meras construcciones teóricas, pero no como un instrumento político al servicio de los más débiles. La comunidad jurídica ha perdido toda capacidad de asombro y la violación masiva y cotidiana de los derechos fundamentales a nadie conmueve. La reflexión en torno a la ley y el derecho está en gran medida influida por el paradigma mecanicista; se piensa al derecho, entonces, como un organismo vivo que responde a estímulos, con lo cual se pierde de vista su sentido político, su profundo sentido político.

-Entonces, el derecho y la justicia que debieran ser el límite al poder aparecen legitimándolo. Luego nos preguntamos por qué la gente no cree en la Justicia y en las instituciones; por qué los funcionarios judiciales tenemos mala prensa. Pues la respuesta es simple: porque no hemos sabido actuar como un Poder independiente que con el derecho ponga límites a las decisiones arbitrarias del Poder.

-El modo como los funcionarios judiciales pueden crecer en la estima pública es de la mano de su compromiso con determinados valores en momentos críticos. La lucha por la legalidad (por el cumplimiento de la ley) es central, puesto que si los derechos fundamentales viven sólo en el papel y no pasan de ser meras expresiones de deseos o buenas intenciones, lo que viviremos será un remedo de institucionalidad, una fachada de República y una farsa de Democracia.
En esa lucha por la legalidad se inscribe la batalla por la Independencia judicial.

-El desarrollo del Poder Judicial y su relevancia en el sistema político se ven reforzados por el hecho de que éste es el único de los tres poderes que el ciudadano puede activar individualmente, y el único del cual puede pretender en tanto sujeto singular una específica y puntual protección de sus derechos en forma actual y efectiva.

-Ha dicho John Griffith ("The politics of the judiciary") sobre la imparcialidad que ella debe mantenerse tanto en apariencia como en los hechos, porque no es materia de la que pueda disponer ningún gobierno, sino un activo que pertenece a toda la Nación.
Lo propio puede decirse de la Independencia judicial, ya que, en última instancia, su efectiva realización no tiene otro objeto que asegurar la imparcialidad y objetividad frente al caso.

-Es posible hacer un uso distinto del derecho. Desde el Poder se lo utiliza, comúnmente, para legitimar decisiones cuya injusticia salta a todas luces. Así, la ciencia del derecho se empeña por legitimar decisiones del Poder a través del desarrollo dogmático. Y no es que el desarrollo de la ciencia del derecho esté mal; al contrario, está bien impulsar el desarrollo que hacen los juristas, pero ocurre que ese desarrollo no puede perder de vista la perspectiva política.
La lucha por la legalidad es por estos tiempos la batalla que deben dar los juristas.

-La corrupción seguida de impunidad es la contracara más terrible de la República, porque encubre el poder concentrado y su distribución de privilegios, y es la burla más cruel al Estado de Derecho porque lo convierte en una fachada que oculta el abuso de Poder.
Quien fuera uno de los artífices del proceso de manos limpias en Italia Francesco Saverio Borrelli, aceptó haberse dado cuenta que en los italianos estaba naciendo un fuerte sentimiento por las reglas. A propósito de ello, reconoció tener conciencia de que la acción judicial no es neutra, que tiene características políticas y puede tener consecuencias políticas.
El mérito histórico de los Magistrados del mani pulite, ha sido no sólo haber terminado con una casta política corrupta, sino también -y principalmente- haber rehabilitado en Italia el valor de la legalidad y el principio de subordinación a la ley de los poderes públicos, sobre el cual se rige el Estado Democrático de Derecho. En definitiva, el gran mérito fue evitar que las instituciones se devaluaran.

En síntesis:
-Es central que la Magistratura asuma un compromiso constante con la realidad social.
-en momentos de crisis es cuando los sectores vulnerables se ven más indefensos///.
-En estos tiempos el rol de los Magistrados debe ser darle tutela efectiva a los derechos fundamentales.
-El cumplimiento de la ley es el desafío que enfrentan nuestras sociedades.

-Esta lucha por el Derecho precisa de una Magistratura independiente.
A la inversa, una Magistratura domesticada es funcional al reino de la injusticia.
-La independencia de la Magistratura debe ser entendida como principio fundamental para la tutela de los derechos fundamentales, no como privilegio corporativo instalado en beneficio del funcionario.
-La independencia judicial no es una cualidad moral ni puede ser vista como virtud, sino como estructura que se preserva inicialmente a partir de un diseño institucional que tiene que ver con diversos aspectos.

1-Consejos de la Magistratura.

a-Habida cuenta que el Poder Político participa en la designación de Magistrados, a partir de que el Gobernador elige de una terna propuesta por el Consejo de la Magistratura y luego el Senado presta su acuerdo, la participación del Poder Político en el Consejo de la Magistratura implica, de hecho, una doble participación en la selección de magistrados. Por ello se propone eliminar la participación del ejecutivo y del legislativo en el Consejo de la Magistratura, generando a la vez apertura a la participación ciudadana.

b-Transparentar los mecanismos de evaluación en el Consejo de la Magistratura y ampliar el espectro de elementos a considerar en la evaluación.

2-Escuelas Judiciales.

a-Se verifica la necesidad de implementación de la escuela judicial, aunque se advierte que deben encontrarse mecanismos que funcionen como reaseguro para evitar la generación de una casta burocrática.

3-Autonomía presupuestaria.

a-se acuerda en la absoluta necesidad de promover fuertemente la autonomía presupuestaria del Poder Judicial.

b-Paralelamente, es preciso establecer mecanismos transparentes de control del gasto y aplicación de recursos.

4-Independencia del Ministerio Público.

a-se advierte nuevamente la necesidad de contar con un cuerpo de Policía Judicial que dependa exclusivamente del Poder Judicial.

b-se llama la atención sobre las facultades exhorbitantes con que cuentan los fiscales generales. Se proponen mayores niveles de democracia interna y de horizontalización en la toma de decisiones.

Organización y gestión:

1-En términos generales se ha coincidido en la identificación de los siguientes problemas:

a-Inadecuada planificación.
b-insuficiencia de recursos humanos y materiales.
c-déficit en materia edilicia.
d-sobredimensionamiento de los órganos superiores del Poder Judicial.

2-Propuestas:

a-Apoyar la introducción de criterios de oportunidad que permitan una selección racional de casos y una mejor asignación de recursos. Paralelamente, se propone impulsar fuertemente la resolución alternativa de conflictos.

b-Aplicación de recursos en función de objetivos de política criminal fijados de antemano, de modo tal que se fijen prioridades.

c-Impulsar procesos de descentralización (regionalización) en aquellos departamentos jujdiciales en los que se verifique la necesidad.

d-Creación de Consejos de fiscales a nivel departamental, cuya función principal sea el gobierno del Ministerio Público departamental.

e-redimensionamiento de la Procuración General.

d-Designación como planta estable de meritorios de acuerdo a criterios objetivos, con participación del Consejo de fiscales).