Conclusiones del 19 y 20 de abril : COMISION ORGANOS JURISDICCIONALES

La Comisión de Órganos Jurisdiccionales no ha logrado abordar la totalidad del temario propuesto para su trabajo, dado el escaso tiempo para su debate. Por ello, entre aquellos ha seleccionado:

1. El atinente a la descentralización de la administración.
2. El referente al horario y la feria judicial.
3. La propuesta de efectivizar un aporte voluntario del salario
4. Y, finalmente, la independencia judicial.

En relación al primero de los puntos, y sin perjuicio de las manifestaciones de los jueces del Departamento Judicial San Martín, quines explicaron las razones por las cuales fracasó el Consejo de Administración que en ese Departamento Judicial funcionara; la Comisión entendió que resulta indispensable descentralizar la administración del Poder Judicial, desde que resulta casi imposible que, desde la ciudad de La Plata, se puedan resolver a tiempo y en forma eficiente, los problemas que ocasiona la administración de Departamentos Judiciales tan distantes de la administración central, y tan distintos en cuanto a sus realidades y sus necesidades básicas.
Se concluyó, asimismo, que para que esta descentralización resulte eficiente, era posible conformar "Consejos de Administración Departamentales", lo que debían reunir, necesariamente, las siguientes condiciones:

1. Asegurar la representación de todos los sectores involucrados (esto es Órganos Jurisdiccionales de todos lo fueros y grados, Ministerio Público Fiscal y de la Defensa).
2. Establecer reglas de consenso y solidaridad para la resolución de los problemas, abandonando el criterio de autoridad con que suelen resolverse estas cuestiones por razones jerárquicas.
3. Reconocimiento de las distintas realidades y necesidades intradepartamentales.

Sobre este punto, el de los Consejos de Administración Departamentales, varios de los integrantes de la Comisión sostuvieron la necesidad de que sea conformado por verdaderos administradores, y no por quienes ejercen la Magistratura.
Entre otras cosas, y además de la tarea propia de la administración de recursos materiales y edilicios, se consideró que este Consejo debería ser oído, especialmente, en temas tales como:

a) Redistribución del personal de los órganos de la transición que se disuelvan.
b) Cronograma de disolución futura de los Juzgados de Transición existentes, o reducción de las Salas de las Cámaras de Garantías; y redistribución , también en este caso, del personal con que dichos órganos cuenten.
c) Revisión de la ley orgánica del Poder Judicial, sobre la base de la realidad de cada Departamento Judicial, para una más justa asignación de las tareas; y conversión de algunos órganos, con mínima carga de trabajo, en aquellos que resultan ahora realmente indispensables, como los Juzgados de Ejecución.

Dentro de este mismo tema, además, se consideró necesario reflotar la "Comisión de Seguimiento de la Reforma", que fue creada en el marco del, hoy derogado, decreto 1229/98, con la convicción de que, además de la función que éste tenía asignada en la norma referida, reciba las inquietudes y opiniones de los distintos consejos departamentales; ello tendiente a relevar las necesidades de cada Departamento Judicial, y resolver en forma conjunta aquellas situaciones que así lo ameriten.
Claro está que, para todo ello, debe aprovecharse el proyecto ya realizado por la Secretaría de Planificación de la Suprema Corte de Justicia Provincial.

En segundo lugar se debatió en relación al actual horario judicial, y sus posibles modificaciones.
Todos los integrantes de la Comisión fueron contestes en señalar que, por lo menos en lo referente a la Justicia Penal, el horario de 7:30 a 13:30 horas fijaba, tan solo, el período en el cual el órgano jurisdiccional atendía al público; ya que una vez cerrada la ventanilla, a las 13:30 hs., el trabajo continuaba, aún a puertas cerradas. Se trata, pues, de un horario virtual.
Por ello, no se consideró necesaria la extensión del horario, al que se le reconoció una función organizadora de la tarea jurisdiccional.
Sin perjuicio de ello, se entendió necesario reorganizar las tareas de algunas oficinas, como las bibliotecas departamentales, las oficinas de mandamientos, las secretarías de gestión, sanidad y oficinas periciales, etc; a fin de que mediante la adecuada distribución de sus empleados y funcionarios en dos turnos, estos puedan acompañar la tarea de los órganos jurisdiccionales, en toda la extensión del horario.
Al igual conclusión se arribó en relación a la hipotética modificación del sistema de feria judicial, a la que se le reconoció gran eficacia para ordenar el trabajo y las agendas -como lo reconociera recientemente el Sr. Procurador de la Suprema Corte Provincial - tanto de los integrantes del Poder Judicial, como de los abogados que en ellos deben cumplir su labor.
Se recordó que en modo alguno puede sostenerse que esta posición implica una defensa a ultranza de un sistema privilegiado de descanso, ya que, dada la antigüedad laboral promedio de cada uno de los titulares de los órganos jurisdiccionales, de asignárseles sus vacaciones por el sistema general, gozarían de un descanso, cuanto menos, equivalente.
Antes de concluir con este tema se recordó que bastaba tener en cuenta la gran cantidad de gente que trabaja "ad honorem" en el Poder Judicial, por larguísimos períodos, para concluir que los problemas por los que atraviesa hoy el servicio de justicia, no han de solucionarse con una mayor carga horaria, ni con la eliminación de la feria judicial.
Se recordó aquí, también, un importante trabajo de investigación realizado por el Dr. Capurro, maestro de Peritos de la Suprema Corte Provincial, que conducía a la conclusión de que la labor de los operadores del sistema que cumplían con su función en la Justicia Penal, resultaba insalubre, basado ello en un relevamiento estadístico comparativo de afecciones psiquiátricas y cardíacas entre sus integrantes.
Claro está que, en esta situación, se encuentran no sólo los magistrados, los titulares del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, sino también todos los empleados de la Justicia Penal, cuyo horario laboral se extiende en la misma proporción.

Ya ingresando en el debate acerca de la posibilidad de hacer efectivo un aporte voluntario del 10% del salario, en las categorías superiores del Poder Judicial, como respuesta ante la actual crisis económica, se concluyó que:

1. Este aporte ya es realizado por los titulares de los distintos órganos jurisdiccionales para posibilitar el funcionamiento de cada uno de ellos (compra de material bibliográfico, material de librería, cartuchos de impresora, pago de "meritorios", compra de refrigerio, pago del servicio de limpieza, etc).
2. La necesidad de un debate mayor para racionalizar el gasto de la administración de justicia.

Luego de reconocer la existencia de enorme cantidad de automotores asignados a quienes no siempre los emplean en su función específica, el indiscriminado empleo de teléfonos celulares, la existencia de alquileres carísimos cuando existen edificios propios desocupados que requieren de pocas modificaciones para poder ser utilizados; se concluyó en la necesidad de la realización de una auditoría externa, que formule un diagnóstico estadístico y general de la asignación de recursos, con miras a racionalizar los gastos y evitar las corruptelas en su asignación.
La Comisión no puede soslayar la desazón que la evidente dilapidación de recursos ocasiona en los operadores del sistema que realmente los necesitan y no cuentan con ellos; cuando advierte que los recursos se asignan con criterios jerárquicos, y no respetando las verdaderas necesidades del servicio.
Inmediatamente después, los integrantes de la comisión consideraron que resulta absolutamente justo, desde el punto de vista ético y jurídico, que los Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, tributen impuestos a las ganancias; ya que lo contrario, resulta un privilegio sectario frente a un gravamen totalizador.
Finalmente, y en muy escaso tiempo, no más de treinta minutos, se debatió en relación a la independencia judicial. Se advirtió allí la incidencia de los medios de comunicación que, actuando con distinta intencionalidad, se ocupan de las decisiones jurisdiccionales sin rigor técnico; situación ésta que si bien, generalmente, no incide en la decisión del Magistrado, si lo hace en la reprecisión que esta decisión tiene en la comunidad.
Se evaluó como forma posible de contrarrestar esta situación, el asignarle a las Secretarías de las Cámaras de Garantías, la función de informar a la prensa en cada caso la normativa aplicable al tema y los principios generales que rigen la materia
La situación más grave, sin embargo, se observó en la existencia de presiones internas dentro del propio Poder Judicial; situación que podría superarse a través de un control de superintendencia; y una efectiva capacitación de todos los actores del sistema a fin de que puedan comprender, acabadamente, los roles que en el proceso desarrolla cada uno de ellos.