 FORO
INTERINSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA JUSTICIA PENAL: ACTA
CONSTITUTIVA |
A
los 18 días del mes de diciembre de 2001, en la Presidencia de la Honorable
Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, los abajo firmantes
formalizan y reafirman, mediante la presente Acta, la constitución del
“Foro Interinstitucional
para el mejoramiento de la Justicia Penal” (en adelante el Foro),
creado el día 6 de octubre de 2001 en el marco de las jornadas provinciales
“A tres años de la Reforma a la
Justicia Penal en la provincia de Buenos Aires. Evaluación y propuestas”.
Se comprometen a integrar la
Comisión Directiva del Foro - por
el plazo de dos (2) años a partir de la firma de la presente -, el
Sr. Vicegobernador y Presidente de la Honorable Cámara de Senadores de
la provincia de Buenos Aires, Ing. Felipe Sola, el Defensor de Casación
de la provincia de Buenos Aires, Dr. Mario Luis Coriolano, y quienes revistieran
la calidad de Presidentes de Comisión en la jornadas provinciales antes
citadas, Dr. Benjamín Sal Llargues, Juez del Tribunal de Casación de la
provincia de Buenos Aires, y la Dra. Susana
Edith De Seta, Defensora Adjunta del Tribunal de Casación de la
provincia de Buenos Aires, por el Tribunal de Casación; Dra. Silvia González,
Jueza del Tribunal Oral Nº 2 del Departamento Judicial Lomas de Zamora,
y Dr. Marcelo Madina, Juez de Garantías del Departamento Judicial Mar
del Plata, por los Órganos Jurisdiccionales; Dra. Marcela Piñero, Defensora
Oficial del Departamento Judicial Lomas de Zamora, y el Dr. José Luis
Villada, Defensor Oficial del Departamento Judicial La Plata por el Ministerio
Publico de la Defensa; y Dr. Fernando Domínguez, Fiscal del Departamento
Judicial San Martín, y Dra. Gabriela Rizzuto, Fiscal del Departamento
Judicial La Matanza, por el Ministerio Publico Fiscal. De igual manera
se compromete a realizar la tarea de coordinación el Director Ejecutivo
del Centro de Estudios para la Defensa Publica (CEDeP), Dr. Martín Carrique.
Funciones de la Comisión Directiva
Para el cumplimiento de los objetivos
planteados, la Comisión Directiva del Foro:
a) Mantendrá
un espíritu amplio, pluralista y democrático, en todas las convocatorias
que formule, invitando a participar a
los operadores del Poder Judicial y demás actores de los otros
poderes que integran el Estado provincial bonaerense vinculados con la
materia.
b) Analizará
y evaluará las propuestas formuladas en el marco del Foro; identificará
los problemas que aquejan a la justicia penal provincial; señalará el
nivel de cumplimiento o incumplimiento de los compromisos asumidos por
las autoridades y operadores del sistema y finalmente informará – en forma pública y periódica-,
sobre los avances de dicha labor. Para tal cometido la Comisión Directiva
podrá requerir y recibir informes de organismos estatales; podrá diseñar
y proponer estrategias de capacitación en los casos que estime corresponder;
podrá peticionar a las autoridades; y finalmente podrá formular propuestas
alternativas para el mejoramiento del sistema judicial penal en la provincia.
c) La
Comisión Directiva del Foro se compromete convocar a reuniones plenarias
a celebrarse cada seis (6) meses - a
partir de la constitución del Foro y hasta tanto dure el mismo -,
a fin de analizar y debatir la información relevada durante ese periodo,
que será la base de las propuestas que contendrán los informes periódicos
antes mencionados. Dicho encuentro deberá mantener en su convocatoria,
el espíritu de amplitud y pluralidad antes señalado.
d)
La próxima
reunión plenaria del Foro y elaboración de Informe - que
tendrá como objeto principal el análisis, evaluación y avance de las propuestas
surgidas en las jornadas provinciales de octubre pmo. ppdo., queda
convocada para el día viernes 5 de abril de 2002.
Reglamento
1) Frente a la disparidad de la distribución de recursos humanos
y materiales entre los dos pilares que forman el sistema contradictorio,
legitimidad que descansa en la igualdad de posiciones es necesario:
a) que los organismos jurisdiccionales permitan una mayor participación
autónoma de los funcionarios de la defensa (en virtud de lo normado
por el art. 25 de la ley de Ministerio Público), Al respecto se
propuso que ante la notoria escasez de personal en el Ministerio Público
de la Defensa, el exceso en la carga de trabajo y, ante la actual crisis
económica que impide la incorporación de personal o funcionarios
nuevos, sin que ello signifique renunciar a la petición de cargos
reales y efectivos de empleados y funcionarios para ampliar la planta
permanente de dicho Ministerio, los organismos jurisdiccionales permitan
un mayor trabajo independiente y participación autónoma
de los funcionarios de la Defensa, en función del art. 25 de la
ley de Ministerio Público. Asimismo y más allá de
la norma expresa de la LMP, se consideró que podría establecerse
una Directiva o Resolución proveniente de la Defensoría
de Casación Penal en tal sentido.
b) Por otro lado, se consideró como otra forma de redistribuír de manera más equitativa el personal asignado al MPF y a la Defensa, el asignar a este último sector parte de los Instructores Judiciales que se desempeñan exclusivamente en la actualidad para las Fiscalías, aunque se hizo alusión a que debería tenerse en cuenta las diferencias emergentes de cada Departamento Judicial.
c) Con relación a la redistribución del personal que formaba parte de los Juzgados Residuales, se sometieron a consideración tres mociones de los trabajos Departamentales: 1) Redistribución equitativa entre MPF y MPD; 2) afectar al personal a creación de Juzgados de Ejecución- 3) Conversión de Juzgados residuales en Juzgados de Garantías. Se propuso que atendiendo a estas tres alternativas en función de la descentralización, en la decisión de la redistribución del personal de los Juzgados residuales, , que ella no sea impuesta por la Suprema Corte sino en cada Departamento Judicial de acuerdo a las necesidades de cada uno, por acuerdo de los organismos Superiores de cada Departamento (léase, Presidente de la Cámara de Apelaciones en conjunto con el Fiscal de Cámaras y Defensor General).
2) Con respecto a los Pasajes oficiales, se puso de relieve los graves problemas en cada Departamento Judicial por la supresión de los pasajes. Se destacó que la inexistencia de los mismos para los familiares de los justiciables se ha convertido en un problema para el imputado afectándose gravemente el contacto de éste con su grupo familiar, solicitándose por ello su reestablecimiento en forma inmediata, toda vez que la incidencia que ello tendría con relación al presupuesto del Poder Judicial sería mínima.
3) Con relación a si debe mantenerse o no la Feria Judicial la mayoría coincidió en que debe mantenerse el régimen actual, con excepción del Departamento Judicial de Bahía Blanca, quien no vio reparo en eliminar la feria de invierno. Otros coincidieron en que mantener la feria permite regularizar y ordenar la agenda de los diversos organismos.
4) Sobre el horario Judicial, se propusieron varias mociones, pero en líneas generales se coincidió en que debe mantener el actual horario judicial, toda vez que el horario no constituye la cuestión central para modificar los actuales problemas por los que atraviesa la justicia penal.
5) Con respecto al tema de los "Meritorios" y luego de una intensa discusión se concluyó que deberán censarse y registrarse para luego transitar por una etapa de prácticas rentadas, tipo "pasantías" para finalmente arribar a su incorporación a las plantas administrativas del Poder Judicial.
6) Con relación al tema edilicio e independencia en el tema de recursos todos los Departamentos Judiciales coincidieron en que debe evitarse el pago de los alquileres de edificios, por resultar ellos excesivos y manejar en forma propia cada presupuesto. En tal sentido se pronunciaron para que se pudiera revisar la posibilidad de contar con edificios adecuados, evitando el pago de alquileres administrando en forma directa los recursos por parte del Ministerio Público de la Defensa. Al respecto en los diversos documentos previos se puso de relieve que los espacios físicos actualmente están distribuidos en forma desproporcional, insuficiente y disfuncional para el Ministerio Público de la Defensa.-
7) Finalmente
se pasó a tratar el tema de Independencia Judicial. Con respecto
a este tema se concluyó -no en forma unánime- la necesidad
de revisar la integración del Consejo de la Magistratura, a fin
de eliminar en forma total y superadora el componente político
que se advierte en la selección y designación de los miembros
de la Magistratura y que sus decisiones sean públicas y fundadas
individualmente por cada uno de sus miembros, a fin de cumplir con el
mandato de publicidad de los actos que emerge del estado republicano de
gobierno. También en forma mayoritaria se propuso la formación
de una Comisión de Reforma de la Ley del Consejo de la Magistratura,
que analice y evalúe la posibilidad de dicha reforma legislativa.
Con relación a las presiones que sufrieron Miembros del Ministerio
Público de la Defensa en el ejercicio de sus funciones, es dable
hacer notar que muchos de sus miembros han sido perseguidos y denunciados
por miembros del Servicio Penitenciario provincial y de la Policía
Bonaerense por controlar y, en su caso denunciar las formas inhumanas
y degradantes de detención que sufren nuestros asistidos tanto
en Comisarías como en las Unidades Penales, así como interponer
acciones de hábeas corpus o iniciar investigaciones por torturas
u otros apremios ilegales.-
Respecto del tema de la "independencia judicial" se estableció
que debía haber una relación más directa con los
medios de prensa, a través de una especie de "vocero"
debidamente capacitado, para que el trabajo de la defensa adquiera una
mayor dimensión social, no siempre bien conocida.
8) Se pasa a tratar el tema relacionado con el "aporte voluntario". Al respecto la mayoría que conforma la Comisión, consideró que no podía aceptarse ningún tipo de reajuste ni aporte voluntario sobre los actuales salarios de los miembros de la justicia, no por falta de solidaridad, sino en razón de que los salarios han sufrido una devaluación significativa a raíz de las diversas medidas económicas y que el cobro casi total de los haberes en bonos (patacones) no permitía cancelar muchas de las obligaciones contraídas. Que una minoría significativa propuso la posibilidad cierta del pago del impuesto a las ganancias de los funcionarios a los que pudiere corresponder en razón de los montos imponibles.-