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Detención de personas trans y travestis

Cámara Apelaciones de La Plata anula procedimiento

Fallo de la Sala IV de la Cámara de Apelación de La Plata anuló procedimiento de detención contra personas trans y travestis por ser vejatorio en grado sumo.

 

La Sala IV de la Cámara de Apelación y Garantías de La Plata con fecha 12 de septiembre del 2016 hizo lugar al habeas corpus interpuesto por la presidenta de OTRANS, Lic. Claudia Vazquez Haro y la abogada Carolina Laura Grassi, a favor de tres mujeres trans en razón de la ilegalidad del procedimiento de detención llevado a cabo por personal policial de la Seccional Novena de La Plata en la zona roja.

En su voto el Juez Dr. Argüero manifestó que del análisis de las constancias de la causa, principalmente del video acompañado, en el que se registró dicho procedimiento, surgía “la comisión de graves irregularidades” que impedían sostener la medida de coerción dictada por el Juzgado de Garantías Nº1 Departamental. Agregó que “el personal policial en su marco funcional, ha actuado de modo abusivo e ilegal violentando las pautas mínimas de trato respetuoso con la dignidad humana, así como las reglas elementales de respeto a la privacidad de las personas, al momento de llevar adelante las diligencias de requisas corporales que efectuara en la vía pública…”.

Por su parte, la Jueza Dra. Riusech dijo que de acuerdo al registro fílmico del procedimiento “las personas fueron obligadas a desnudarse en plena calle. Se les hizo quitarse la ropa interior, ponerse de cuclillas y alumbradas para ver si tenían drogas. El acto fue vejatorio en grado sumo”.

Y finalmente, el Juez Dr. Ocampo resaltó que “se cometió un exceso en desnudar a algunos de los protagonistas en público y en algún caso acompañado de expresiones degradantes y además en forma indiscriminada”.

En consecuencia la Cámara decidió decretar la nulidad del acta de procedimiento policial, revocar la orden de detención dictada a su respecto, disponer la inmediata libertad de las imputadas de autos y encomendar a las autoridades administrativas pertinentes que arbitren los medios y recursos necesarios, a efectos de prevenir y erradicar toda forma abusiva en los procedimientos de las fuerzas policiales que puedan constituir violencia institucional sobre personas que integren el colectivo trans, travesti y homosexuales.

Además se dijo que resulta necesario “considerar la posibilidad de adoptar políticas públicas que se adapten a estándares internacionales, como por ejemplo la confección de estrictos protocolos de actuación funcional, tendientes a establecer que los procedimientos de requisas corporales sean realizados por personal policial debidamente capacitado para ello, atendiendo a que las mismas sean efectuadas por personas del mismo género de la que resulta objeto de requisa (art. 2 de la ley 26.743), que respeten las mínimas garantías y reglas de privacidad y dignidad de la persona requisada, que se brinden espacios físicos adecuadamente acondicionados para esa tarea, de modo que permitan resguardar la intimidad y el pudor de la persona que deba ser requisada, tomando los recaudos necesarios a los fines de evitar, de acuerdo a las posibilidades y circunstancias, un accionar que resulte invasivo, estigmatizante y discriminatorio que pudiera afectar la integridad de las personas y sus derechos”.

En razón de lo cual se resolvió comunicar lo resuelto al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos aires y a la Auditoría de Asuntos internos.

Es importante entender, tal como lo resaltó la Lic. Claudia Vázquez Haro en el habeas corpus presentado, que la modalidad en que se ha llevado a cabo este procedimiento de detención no importa un hecho aislado, y que el mismo debe inscribirse en un contexto de persecución policial sistemática, reiterada y selectiva contra la comunidad trans y travestis de la zona roja.

 

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