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Libertad condicional

Inconstitucionalidad del art. 14 C.P.

TCP Sala III Causa Nº 80.293 (Registro de Sala número 22.190) caratulada “Saucedo Martínez, Marcos Luciano s/ recurso de casación” sent.

“Si el rechazo del pedido de libertad condicional se basa exclusivamente en la prohibición emanada del artículo 14 del Código Penal, que esta Sala ha declarado contraria a la Constitución, cumplido el requisito temporal de encierro, y habiéndose dispuesto el cambio de régimen en el año anterior, se torna necesaria una reevaluación del comportamiento de Marcos Saucedo Martínez, por lo que corresponde, y así lo propongo al Acuerdo, hacer lugar al recurso intentado con tal alcance, devolviendo jurisdicción al Juez de Ejecución para que, teniendo en cuenta la situación actual del condenado y lo aquí decidido respecto del artículo 14 del Código Penal, resuelva lo que por derecho corresponda”

 

Nota:

Este fallo exige su lectura junto a los fundamentos de los precedentes anteriores de la misma sala que se refieren a continuación:

 

TCP Sala III Causa Nº 77.614 (Registro de Sala N° 21.563), caratulada “Barrientos Piñeyro, Jorge Daniel s/ recurso de queja (art. 433)" sent. 18/08/2016

“Es doctrina de Sala que el segundo párrafo del artículo 14 del Código Penal, en cuanto veda la libertad condicional por la naturaleza del delito es inconstitucional.”

“ Si bien la libertad condicional es un beneficio establecido por el legislador y –como tal- puede su procedencia estar sujeta a determinados requisitos, los mismos deben ser racionales y respetar las normas y principios de rango constitucional, ya que debe permitirse a todos los penados, por el hecho de ser personas, acceder al medio libre en forma paulatina de acuerdo al grado de progresividad alcanzado con el tratamiento penitenciario y/o al tiempo que llevan de encierro.”

“La restricción para acceder al beneficio basada exclusivamente en que el delito por el que fue condenado Barrientos Piñeyro –en el caso el previsto en el artículo 165 del Código Penal-, independientemente de la regular observancia de los reglamentos carcelarios, constituye una reglamentación irrazonable que violenta el principio de igualdad ante la ley, la finalidad de resocialización de la pena y el régimen de progresividad (artículos 16 y 18 de la Constitución Nacional; 7 de la D.U.D.H.; 5.6 de la C.A.D.H.; 10.2.b) y 26 del P.I.D.Cy P.).” 

“El sistema carcelario debe ser, por manda constitucional, para seguridad y reeducación –y no para castigo- de las personas incluidas en sus establecimientos. Así, el régimen penitenciario progresivo aparece como un derecho que debe ser reconocido a todos los penados.”

“La reinserción social es el principio que debe guiar la ejecución de la pena y, en consecuencia, la intensidad del castigo impuesto debe ir disminuyendo a fin de permitirle al penado tomar contacto en forma paulatina con la sociedad libre, por lo que pretender excluir de los egresos anticipados al incuso únicamente a partir del delito cometido, repugna el principio de igualdad ante la ley 25.892 (artículos 8 inciso 2.h. de la C.A.D.H.; 450, 451, 465, 530 y 531 del C.P.P.)”

 

TCP sala III causa Nº 78975 (registro de Sala 21823) caratulada “Pérez, Jorge Horacio s/ recurso de casación” sent. Del 27/10/2016

“Es doctrina de Sala que el segundo párrafo del artículo 14 del Código Penal, donde dispone la limitación a la soltura por la naturaleza del delito es inconstitucional.”

“Precisamente, el régimen penitenciario progresivo aparece como un derecho que debe ser reconocido a todos los penados, ya que el sistema carcelario es para seguridad y reeducación -no para castigo- de las personas incluidas en sus establecimientos.”

 “Dicho de otro modo, el fin constitucional termina siendo de imposible cumplimiento con la prohibición de la libertad condicional por la naturaleza de los delitos.”

     “En el caso, la pena de catorce años de prisión impuesta en razón de tratarse homicidio agravado por la causa patentiza la irracionabilidad de la norma que se enfrenta, insisto, con el fin resociabilizador que trae la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 5.6) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (10.3).”

    “Y esto no es un dato menor ya que desaplicar lo dispuesto en la Convención y el Pacto invocando el derecho interno se encuentra expresamente prohibido por la Convención de Viena (1963) y puede acarrear responsabilidad al Estado Argentino como resolviera la Corte desde “Ekmekdjian contra Sofovich” (Fallos 311:2497).”

 

En el mismo sentido, y respecto de un caso del fuero de responsabilidad penal juvenil, Fallo

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