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“Ni una menos”

La primera marcha realizada el 3 de junio del 2015 se convocó para decir basta a la violencia contra las mujeres. Desbordó las calles y las voces se hicieron escuchar en diferentes lugares del país. De ese movimiento histórico surgió el colectivo “Ni una Menos”.

Esa marcha se renueva año a año, siendo varias las interpelaciones al Estado, en tanto se fueron pensando y nombrando distintas dimensiones de la violencia. Principalmente se reclaman políticas públicas efectivas. Y desde la Defensoría de Casación sostenemos que la erradicación de la violencia machista, en tanto se trata de una problemática estructural, solo se conseguirá mediante políticas preventivas.

Especialmente, desde nuestro rol de la Defensa Penal, reclamamos:

1. Una justicia antipatriarcal, para lo cual se impone una capacitación con perspectiva de género a las/los operadores judiciales, en cumplimiento de la “Ley Micaela”. Queremos una justicia que elimine estereotipos y prejuicios de género en sus sentencias.

2. La despenalización del aborto: para que las mujeres y personas gestantes puedan decidir sobre sus propios cuerpos sin ser criminalizadas. Reiteramos nuestra adhesión al proyecto de ley recientemente presentado por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y acompañamos la lucha feminista.

3. La no criminalización de mujeres por delitos de droga, y en especial, la persecución y hostigamiento por este delito al colectivo trans.

4. La no criminalización de mujeres por hechos ocurridos en contextos de violencia de género, exigiendo un análisis del caso con perspectiva de género en la aplicación de la figura de la legitima defensa

5. La no criminalización de mujeres por delitos contra sus hijos/as por hechos cometidos por sus parejas. En las acusaciones por delitos omisivos contra sus hijos/as -por no haber actuado la mujer conforme el deber de cuidado que le impone el rol de madre-, deben tener en cuenta su situación como víctima de violencia y el impacto de la llamada “indefensión aprehendida”.

6. El respeto de la ley de identidad de género y de los Principios de Yogyakarta por los/as operadores/as del Estado, en particular en el trato brindado a imputadas/os en el marco de un proceso y en asegurar que las personas privadas de su libertad participen en las decisiones relativas al lugar de detención apropiado de acuerdo a su orientación sexual e identidad de género;

7. La aplicación de alternativas a la prisión para madres con hijos/as menores y mujeres embarazadas, teniendo en cuenta el derecho de las mujeres al ejercicio de la maternidad y el interés superior del niño y de la niña, que impone su desarrollo en un ambiente adecuado y junto a su familia de origen.

 

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