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25 de noviembre

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer,  la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires entiende necesario que el Estado reformule las políticas públicas vinculadas con la protección de los derechos de las mujeres, haciendo énfasis esencialmente en la prevención con miras a la erradicación de dicha problemática estructural. Inspirados en la perspectiva de género en la Defensoria se creó en el 2014 un Programa específico para la mejora continua en el trabajo transversal de la problemática y visibilizarla mas.

Particularmente, dentro del sistema penal, las mujeres imputadas por delitos suelen ser víctimas de violencia institucional, por lo que consideramos fundamental:

1. La sensibilización y capacitación de los todos/as los/as operadores/as del Estado –en cumplimiento con la ley Micaela- para que incorporen en el análisis de las causas la perspectiva de género y aboguen por el dictado de sentencias libres de prejuicios o estereotipos de género.
2. No criminalización desmedida de mujeres por delitos de drogas, ya que éste es el principal delito por el que se encuentran encarceladas las mujeres cisgénero, y en mayor medida las mujeres transgénero -a partir de la llamada “guerra contra las drogas” y de la consecuente desfederalización-, debe tenerse en cuenta que en el tráfico y venta de estupefacientes generalmente las mujeres constituyen el último eslabón.
3. No criminalización de mujeres por hechos ocurridos en contextos de violencia de género. Debe exigirse a los/as jueces y juezas la aplicación de la causal de justificación de legítima defensa en los casos en que se les imputa el delito de homicidio o tentativa de homicidio contra el agresor. Asimismo, en las imputaciones por delitos omisivos contra sus hijos/as -por no haber actuado la mujer conforme el deber de cuidado que le impone el rol de madre-, deben tener en cuenta su situación como víctima de violencia y el impacto de la llamada “indefensión aprehendida”.
4. Despenalización del aborto. Su penalización tiene impacto principalmente en mujeres con escasos recursos económicos y en mayor situación de vulnerabilidad social. El aborto inseguro en el país constituye una de las principales causas de muerte materna, se trata de un problema de salud pública que requiere la formulación de políticas públicas con enfoque de género y en derechos humanos.
5. No persecución ni hostigamiento policial al colectivo trans y travesti, especialmente por la frecuencia con la que se realizan operativos en la llamada “zona roja”, que han generado detenciones arbitrarias y requisas vejatorias.
6. Respeto de la ley de identidad de género y de los Principios de Yogyakarta por los/as operadores/as del Estado, en particular en el trato brindado a imputadas/os en el marco de un proceso y en asegurar que las personas privadas de su libertad participen en las decisiones relativas al lugar de detención apropiado de acuerdo a su orientación sexual e identidad de género;
7. Aplicación de alternativas a la prisión para madres con hijos/as menores y mujeres embarazadas, teniendo en cuenta el derecho de las mujeres al ejercicio de la maternidad y el interés superior del niño y de la niña, que impone su desarrollo en un ambiente adecuado y junto a su familia de origen. En este punto reclamamos la observancia de las normas internacionales que así lo disponen, solicitando puntualmente que los/as jueces y juezas no adicionen recaudos innecesarios para admitir su procedencia, otorguen las solicitudes pendientes en un plazo razonable, y que el Estado provea los recursos necesarios a quienes egresan de las Unidades Penitenciarias para evitar futuros reingresos.

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