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CSJN - Absolución

Debido proceso. Defensa en juicio. Presunción de inocencia.

Debido proceso. Inviolabilidad de la defensa en juicio. Igualdad de armas. Presunción de inocencia – descargo del imputado. Reconocimiento impropio en inobservancia de la ley procesal. Suficiencia probatoria a los fines de derribar el estado de defensa. Testigos de la defensa. Revisión de los razonamientos lógicos de la sentencia y del procedimiento de valoración probatoria. 

CSJN EXPTE- 4490/2015 “GONZALEZ” sent. 8 octubre 2020 

La Corte Suprema de Justicia de La Nación hizo lugar al recurso de queja presentado por la Defensoría de Casación y absolvió a Jorge Enrique González Nieva, quien llevaba más de 13 años detenido tras ser injustamente condenado a la pena de 25 años de prisión por el TOC N° 1 de Morón en el año 2010, por un homicidio ocurrido en una salidera bancaria acaecido en mayo de 2006.  

La sentencia había sido confirmada por el Tribunal de Casación y por la Suprema Corte de la Provincia de Bs. As. que rechazó el recurso del defensor particular por exceso de renglones. Ante ello, en octubre de 2015 la Defensoría de Casación Penal presentó queja a la Corte Nacional denunciando que se trataba de una causa armada, pues González Nieva había sido vinculado al proceso a partir de tareas de inteligencia de policías que recababan datos de informantes no identificados. Lo extorsionaron para que entregue su auto y ante su negativa, realizaron un reconocimiento fotográfico sin presencia de la defensa, en el que habría sido señalado como autor. Todas irregularidades identificadas como patrones sistémicos de causa armada según los informes periódicos del Banco de Datos de la Defensa Pública

En pos de revertir la condena, la Defensa acreditó que los policías que habían investigado fueron acusados de integrar una asociación ilícita dedicada al armado de causas con fines extorsivos y condenados por delitos como falso testimonio, encubrimiento, exacciones ilegales y estafa.  Por su actuación en el proceso, entre otros, fue suspendido el fiscal Alejandro Jons, por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, estando pendiente la resolución definitiva. Luego se incorporó la declaración de una coimputada por el hecho que aseguró González Nieva no tenía nada que ver. 

Asimismo, la fundación Innocence Project probó que el reconocimiento fotográfico había sido falsificado, tras aportar la declaración del testigo que participó en el mismo, quien afirmó que nunca reconoció a nadie, aun cuando había sido presionado por los policías. El caso contó también con participación de Amnistía Internacional que inició una campaña recabando miles de firmas en apoyo al reclamo de inocencia.  

Hoy, tras 5 años de estudio, la Corte Suprema anuló la condena evitando se agrave aún más la injusticia. 

 

A continuación destacamos los párrafos más relevantes del fallo por su utilidad al ejercicio cotidiano de la Defensa en todas las instancias del proceso e invitamos a la lectura completa del mismo: 

La defensa cuestión la validez del reconocimiento de personas realizado en forma impropia denunciando la inobservancia de las formalidades establecidas en la norma procesal que tienen por finalidad la protección de la garantía de defensa en juicio y debido proceso. 

“Tanto el tribunal de mérito como el revisor, en criterio convalidado por el a quo, rechazaron estos reproches, aduciendo que no se trataba de un acto irreproducible y que no se había demostrado el perjuicio que la omisión de la adecuada notificación hubiera ocasionado al imputado y a su defensa.” 

“Estos criterios, en una prueba de cargo decisiva -casi única- y en el contexto de las cuestiones que se desarrollarán en los siguientes considerandos, no pueden ser admitidos por esta Corte, por entender que se fundan en una concepción que vacía de contenido el derecho constitucional de defensa en juicio.” 

 “Puntualmente, la defensa aportó dos testigos … tendientes a acreditar que, al momento de los hechos, Jorge González Nieva se encontraba en otro lugar y, por lo tanto, era ajeno a su comisión. No obstante ello, sus testimonios fueron descartados aduciendo que, además de no ser concluyentes por no haber sido expresados con suficiente certeza, constituían testigos interesados por haber sido propuestos por la defensa y porque esta, “…en vez de llevarlas a concurrir a prestar declaración ante la autoridad competente, se eligió como lugar para preservar sus narrativas una escribanía… lo que le quita credibilidad e imparcialidad” (fs. 164/165 ibídem).” 

“Finalmente, tachar estos testimonios de “interesados” por la sola razón de haber sido ofrecidos por la defensa, no puede en modo alguno constituir un “elemento fundante válido” en el marco del paradigma constitucional vigente. En efecto, semejante preconcepto implica, ni más ni menos, privar de razón de ser y de toda eficacia a la garantía de defensa en juicio reconocida por el artículo 18 de la Constitución Nacional en cuanto establece que “es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos”. Además, ello importa, también, convertir en letra muerta las previsiones específicas del artículo 8.2.f de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en cuanto consagra que “…toda persona inculpada de delito tiene derecho […] en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: […] derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos” y del artículo 14.3.e del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establece que “…durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: […] interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo”. 

“Por tal motivo, esta Corte Suprema, en su calidad de custodio de los derechos y garantías constitucionales, debe recordar con vehemencia que “…juicio e inviolabilidad de la defensa en juicio se encuentran eslabonados tan inescindiblemente” que resulta indiscutible que “las formas sustanciales de la garantía constitucional de la defensa incluyen la de asegurar al imputado la posibilidad de ofrecer prueba de su inocencia o de su derecho […] hacer valer sus medios de defensa y producir prueba, proscribiendo los  procedimientos que conducen necesariamente a la condena del imputado, porque no le permiten sino la apariencia formal de su defensa” (Fallos: 316:2940).” 

… “Ello, toda vez que configura un argumento circular y de una lógica inaceptable, al considerar como elemento de cargo los dichos del encausado González Nieva al mantener su ajenidad al hecho atribuido. En efecto, constituye un despropósito lógico y nunca puede ser un argumento válido para atribuir culpabilidad, que el juez considere mendaz los dichos de un imputado que se limita a negar toda participación en los hechos atribuidos, alegando su inocencia. No se trata de premiar la mentira de un encartado sino de asumir que la tacha de mendacidad exige la existencia de una decisión apriorística de culpabilidad basada en pruebas, impidiendo que la misma aseveración del encausado opere como premisa y conclusión de un mismo razonamiento.” 

“Frente a las explicaciones vertidas al respecto por el imputado, los propios términos con que fue formulada dicha conclusión resultan particularmente problemáticos de cara a la mentada garantía por cuanto, como ha dicho esta Corte Suprema “…resulta decisivo que el juez, aún frente a un descargo que pudiera estimarse poco verosímil, mantenga una disposición neutral y contemple la alternativa de inocencia seriamente, esto es, que examine la posibilidad de que la hipótesis alegada por el imputado pueda ser cierta. Desde esta perspectiva, la presunción de inocencia consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional puede ser vista, en sustancia, como el reverso de la garantía de imparcialidad del tribunal” (Fallos: 339:1493, considerando 22).” 

... “Así las cosas, y a los efectos de impedir la vulneración de la garantía contenida en el artículo 25.1 de la CADH, es preciso que el juzgador, cuando se enfrenta a la sospecha fundada de algún vicio sustancial en el origen o producción (fuente) de un elemento probatorio (medio) -y, en especial, cuando en el vicio sospechado se vislumbra una posible o alegada violación de los derechos fundamentales- no se limite a analizar el cumplimiento de los aspectos formales establecidos en la normativa procesal aplicable, sino que procure descartar la posible existencia de tal vicio a efectos de que tal elemento pueda tener validez y eficacia probatoria en el proceso penal.” 

“Asimismo, y en aras de salvaguardar el derecho de defensa del imputado, este análisis efectuado por el juzgador debe ser reflejado en una decisión motivada, ya sea durante el proceso o en la propia sentencia de mérito.” 

VER TEXTO COMPLETO DEL FALLO. 

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